Acción promovida por Juanjo Fernandez
Pedimos ayuda para evitar la imposición de contratos abusivos a periodistas gráficos y literarios por parte de los grandes grupos editoriales.
Algunos de los grupos editoriales más importantes del país
pretenden hacer firmar a sus colaboradores gráficos y literarios un
contrato que, en exclusiva en algunos casos, cede los derechos de
explotación de los trabajos para cualquier uso, ilimitado en el tiempo,
para todos los países del mundo e incluyendo la capacidad de
comercialización a terceros; despojando a sus autores de todos sus
derechos. En otras palabras, mediante estos contratos, estas empresas de
comunicación pretenden hacerse con un archivo fotográfico y de texto
para revenderlo y utilizarlo a su antojo sin limitación alguna. Un
contrato inadmisible para cualquier autor, que está obligado a negarse a
firmar un contrato que lesiona su derecho “a la protección de sus
intereses morales y materiales derivados de toda protección científica,
literaria o artística de la cual es autor.” (Artículo 27 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre)
Consideramos que desposeer a los autores de sus obras mediante una firma, que tiene más de extorsión que de práctica empresarial, es condenar a sus propias cabeceras a nutrirse de unos contenidos de cada vez menor calidad e interés, con lo que la pérdida terminará siendo no sólo para nosotros sino para todos aquellos lectores que acuden al quiosco en busca de contenidos de calidad y esto es el principio de la propia desaparición de dichas cabeceras y sus puestos de trabajo.
Solicitamos el apoyo del Ministerio de Cultura, como máximo garante de los derechos de autor, para que estos contratos, cuyas cláusulas quedan fuera de toda ética profesional, no sean impuestos a ningún redactor o fotógrafo, evitando así poner en riesgo la continuidad de nuestra profesión y el derecho de los ciudadanos a ser informados no sólo libremente, sino de una manera profesional, rigurosa y creativa.
Consideramos que desposeer a los autores de sus obras mediante una firma, que tiene más de extorsión que de práctica empresarial, es condenar a sus propias cabeceras a nutrirse de unos contenidos de cada vez menor calidad e interés, con lo que la pérdida terminará siendo no sólo para nosotros sino para todos aquellos lectores que acuden al quiosco en busca de contenidos de calidad y esto es el principio de la propia desaparición de dichas cabeceras y sus puestos de trabajo.
Solicitamos el apoyo del Ministerio de Cultura, como máximo garante de los derechos de autor, para que estos contratos, cuyas cláusulas quedan fuera de toda ética profesional, no sean impuestos a ningún redactor o fotógrafo, evitando así poner en riesgo la continuidad de nuestra profesión y el derecho de los ciudadanos a ser informados no sólo libremente, sino de una manera profesional, rigurosa y creativa.
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